Las latas de refresco cuestan un 7% más desde hoy en Cataluña
El nuevo impuesto catalán a las bebidas azucaradas ha entrado en vigor este lunes y, por ley, debe repercutir en el cliente final. El gravamen afecta a un gran abanico de productos, como las aguas de sabores, las bebidas energéticas o los néctares de fruta. Las subidas varían según la concentración de azúcar. Por ejemplo, una lata de Coca Cola de 330 mililitros (ml), que ayer se compraba en el Condis de Jardinets de Gràcia por 0,58 euros, costará 0,62, un 7% más.
En tiendas como el OpenCor o Mercadona ya se anunciaba desde hace pocos días el incremento de precios, especialmente en las zonas donde se exhiben los refrescos en lata. Algunos consumidores reconocían ayer que ignoraban que el tributo también se extendía a otros productos como las bebidas de chocolate, las deportivas o las bebidas de té y café. “Creo que ha faltado pedagogía”, criticó Enric Ribas, uno de los clientes de un supermercado del centro de Barcelona.
La Asociación de Bebidas Refrescantes en España (Anfabra) dice que el sector se siente discriminado con respecto a otros productos como la bollería, también con muchos azúcares añadidos. La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) calcula que el impuesto implicará una subida de entre un 8% y un 50% del valor de las bebidas azucaradas. Las más afectadas serán las marcas blancas de los grandes almacenes. El mecanismo diseñado por la Generalitat para cobrar el impuesto implica que los distribuidores (bares, tiendas o súpers) incorporen en la factura al vendedor el concepto de IBEE, las siglas del gravamen. El Gobierno central había planteado inicialmente incluir el impuesto en los Presupuestos Generales del Estado pero finalmente se aparcó. El anterior consejero de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Collel intentó implantarlo en Cataluña en 2013, una pretensión frenada incluso por la presión del propio embajador de EE UU. En una reunión con el entonces presidente Artur Mas, el embajador Alan D. Solomont le advirtió de que la decisión ahuyentaría la inversión de empresas estadounidenses en Cataluña.
